El informe revela una brecha entre la transparencia de la actividad académica, económica y de personal, y la rendición de cuentas de los órganos responsables de la supervisión. Los márgenes de mejora más evidentes se sitúan, precisamente, en este ámbito. En concreto, las dos áreas con menor grado de cumplimiento, que señalan una debilidad estructural en la gobernanza universitaria, son las relativas al Consejo Social, con un cumplimiento medio del 57%, y la función de Ética y Compliance, que se mantiene estancada en un exiguo 47%. Estos datos demuestran que, a pesar de los avances generales, la calidad de la gobernanza, es todavía una asignatura pendiente.
No obstante, el Consejo Social de la Universidad de León cumple con todos los indicadores: Actividad, Presupuesto, Responsabilidad Social y deberes de lealtad y diligencia.
El análisis del órgano que representa a la sociedad y ejerce funciones clave de supervisión, muestra una evolución desigual. Si bien hay mejoras puntuales, como el avance en la publicación de su Presupuesto (del 71% al 76% de cumplimiento) y la mejora en la difusión de su Informe de Actividades (del 78% al 84%), dos indicadores estratégicos muestran un deficiente desempeño: el Informe de Responsabilidad Social con solo un 35% de cumplimiento total y el de Deberes de Diligencia y Lealtad, que apenas alcanza el 33%, pero el Consejo Social de la ULe cumple con todos ellos. Mientras que 38 de las 49 universidades analizadas ya publican los datos de asistencia de sus miembros a las reuniones (un ejercicio básico de compromiso) y la autoevaluación que sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría pues solo 16, entre ellas el Consejo Social de la ULe, de las 49 universidades, realizan y publican una autoevaluación sobre su propio desempeño. Esta brecha demuestra que, si bien se ha avanzado en la transparencia sobre la actividad, la cultura de la evaluación interna y la reflexión estratégica es la principal debilidad de este órgano.
Los incumplimientos más graves
El área de Ética y Compliance, analizada por segundo año consecutivo, revela una implantación aún inmadura.
Sin embargo, el punto más crítico del informe es el indicador relativo al Responsable de Compliance, que registra un alarmante cumplimiento nulo (0%). Este incumplimiento generalizado se debe a que ninguna universidad ha implantado todavía la exigencia del artículo 47.2.L de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU). La ley requiere la creación de un órgano específico para el sistema de compliance en su conjunto, dependiente directamente del consejo social, una figura clave para una supervisión independiente y eficaz que es la gran ausente en la estructura universitaria.
En cuanto a la Información Económica, el alto nivel de transparencia general se ve enturbiado por un problema de actualización en la auditoría externa. Aunque los indicadores de Presupuesto (98%), Estados financieros (94%) y Memoria explicativa (94%) rozan la unanimidad, el cumplimiento total del indicador de Auditoría desciende al 78%.
El incumplimiento de este indicador por parte de algunas instituciones es el que condiciona la calificación final. Cinco universidades que hasta ahora obtenían un cumplimiento pleno han pasado a un cumplimiento parcial por no haber publicado el informe de auditoría del ejercicio 2024. El caso más grave afecta a dos centros: la Universidad de La Laguna y la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea), las únicas dos instituciones que son calificadas como Translúcidas. La razón de este descenso es un incumplimiento de máxima relevancia para la Fundación Haz: no disponer de una auditoría externa actualizada, con un retraso en ambos casos superior a los tres años.
Las mejores y las peores
El éxito en materia de transparencia en el sector público es innegable, con 47, entre las que se encuentra la Universidad de León, de las 49 universidades alcanzando la máxima calificación de Transparentes. Estas instituciones han logrado superar el umbral del 70% de cumplimiento, publicando además el paquete completo de información económico-financiera auditada. Las áreas donde el cumplimiento es prácticamente perfecto y que demuestran la madurez del sistema son Personal (98%), Gobierno (99%), Entidades Dependientes (100%), Alumnos (100%), y en el área de Resultados, los indicadores de Ranking (100%) y Empleabilidad (100%).
En el extremo con el peor desempeño se sitúan las dos únicas instituciones con la calificación de Translúcidas: la Universidad de La Laguna y la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea). El informe subraya que esta calificación se mantiene a pesar de su buen desempeño en el resto de los indicadores, ya que la rendición de cuentas económicas con una auditoría externa actualizada es un pilar insustituible de la transparencia.
Además de estos dos casos, el informe detecta focos de incumplimiento en otras instituciones. La Universidad Politécnica de Madrid es la única que no publica su plan estratégico. La UNED es la excepción en el área económica, al presentar su presupuesto con dos años de retraso. También la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Valencia reciben cumplimiento parcial en el área de Gobierno.