25 de febrero de 2022
El principal objetivo del nuevo Comité Ejecutivo es reforzar el compromiso de los Consejos Sociales con una universidad al servicio de la sociedad.
Concha Yoldi, de la Universidad de Sevilla, y Julio Lage, de la Politécnica de Madrid, ocupan las dos vicepresidencias.
Antonio Abril Abadín ha sido reelegido presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
(CCS). La candidatura que encabeza ha obtenido el respaldo de la Asamblea General Extraordinaria que se ha celebrado este mediodía en formato híbrido – presencial y online- para renovar el mandato que ostenta desde noviembre de 2017.
De esta manera, Abril Abadín, presidente del Consello Social de la Universidad de A Coruña, continuará otros cuatro años al frente de la CCS, que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas. Junto a él también repiten en las dos vicepresidencias Concha Yoldi (Universidad de Sevilla) y Julio Lage (Universidad Politécnica de Madrid) y en las vocalías María Emilia Adán (Universidad de Valencia), Juan Antonio Campillo (Universidad de Murcia), Javier Cepedano (Universidad de León), Joan Corominas (Universidad de Barcelona), Félix Sanz Roldán (Universidad de Castilla-La Mancha), Ángel Tristán (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Manuel A. Villa-Cellino (Universidad Antonio de Nebrija).
El presidente ha agradecido “la confianza de quienes integran la Conferencia después de estos cuatro años de trabajo en los que nuestra prioridad ha sido sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de la educación en general y de la universidad en particular, desde el firme convencimiento de que España será, en el futuro, el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación y en sus universidades”. Ha señalado como camino a seguir “el que acaba de fijar la OCDE en su Hoja de Ruta para mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España, que insta a rediseñar la gobernanza de las universidades para aumentar su compromiso con la sociedad, mejorar su financiación y promover la transferencia y la colaboración con el sector empresarial”. Además, ha ofrecido al nuevo ministro de Universidades Joan Subirats, “toda la colaboración de la CCS ante el reto que representa la próxima aprobación de una nueva Ley Orgánica Universitaria. Tal y como pide la Hoja de Ruta de la OCDE para la universidad española, la nueva Ley debería emular las reformas recientes abordadas en países europeos, transformar el actual modelo de gobierno universitario y fortalecer de manera real el papel y capacidades de los Consejos Sociales, para garantizar que cuenten con suficiente recursos y autonomía para cumplir las funciones que les deben corresponder como representantes de la sociedad en la universidad”.
Durante su primera reunión tras la Asamblea, el Comité Ejecutivo ha ratificado a Miguel Ángel Acosta como secretario general de la CCS y ha designado presidentes de las Comisiones de trabajo a Joan Corominas (Comisión Académica), Julio Lage (Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad) y Javier Cepedano (Comisión Económica).
Antonio Abril Abadín (Viveiro, Lugo, 1957), es abogado del Estado. En el ámbito universitario es presidente del Consello Social de la Universidad de A Coruña. También preside la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de España y es miembro del Patronato de las Fundaciones CYD y Gadea por la Ciencia y la Empresa. Ejerció hasta 2021 como secretario general y del Consejo de Administración y director de Cumplimiento Normativo de Inditex.
Sobre CCS
Los Consejos Sociales son los órganos de representación de la sociedad en la Universidad. Entre sus funciones destacan la supervisión y aprobación de los presupuestos de cada centro, así como de su oferta académica. La Conferencia agrupa a los Consejos de las universidades públicas españolas e integra también a un número creciente de centros privados. Su funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica de Universidades y por la legislación específica de cada Comunidad Autónoma.
